El juez de Garantías, Guillermo Atencio, que tiene a su cargo el proceso por el caso de Julio “Chocolate” Rigau -el puntero político que cobraba los sueldos de casi medio centenar de empleados de la Legislatura- denunció este viernes a las autoridades de la Cámara de Diputados por el presunto delito de “encubrimiento”.

Según pudo confirmar Clarín, la decisión del magistrado se conoció después que ese cuerpo deliberativo decidió “archivar” un pedido de la Justicia para conocer en nombre de los legisladores que designaron a esos agentes que actuaban como “ñoquis”: prestaban su nombre para tener contratos que luego cobraba Rigau, supuestamente para financiar sectores de la política bonaerense.

Atencio presentó la denuncia en la fiscalía en turno del Departamento Judicial de La Plata. Es la UFI 11, a cargo de Alvaro Garganta. “Forma parte de un desprendimiento de la causa original que investiga la presunta defraudación al Fisco”, explicaron fuentes del fuero penal.

“Al constatar la posible comisión de un delito de acción pública, como funcionario judicial me veo en la obligación de hacer esta denuncia para que se investigue a los presuntos responsables”, fue el argumento de la presentación, según pudo constatar este diario.

Como se informo esta semana, en mayo pasado, en una sesión casi oculta de Diputados, se mandó al archivo el pedido de la fiscal de La Plata Betina Lacki, en la que requería el nombre de todos los “memos de designación” de medio centenar de personas entre las que se encontraban quienes cedían las tarjetas de débito para que el puntero retirara dinero todos los meses de los cajeros automáticos del centro de La Plata.

A la investigación del escándalo de Rigau -el puntero que detuvieron cuando sacaba dinero de 48 cuentas sueldos de presuntos agentes de la Cámara de Diputados bonaerense- se le aplicó un freno brusco: la fiscal Betina Lacki no podrá conocer qué legislador o legisladores fueron los que contrataron a los supuestos “empleados” que permitan que sus sueldos los cobrara “Chocolate”.

El secretario Legislativo del cuerpo, Miguel Bozzano, le informó a la fiscalía que el expediente donde se tramitaba ese requerimiento (presentado hace más de un año y medio) pasó a los archivos en “la sesión celebrada el 28 de mayo de 2026. En esa oportunidad, el Honorable Cuerpo resolvió, con el voto favorable de más de los dos tercios de sus miembros presentes, aprobar y disponer el archivo de las actuaciones, expresando de ese modo su voluntad institucional sobre la cuestión”.

Fue -según se supo- un proyecto que fue impulsado por el presidente del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli. Pertenece al sector de La Cámpora y es el alfil político de Máximo Kirchner en la cámara baja.

“La cuestión” era conocer la trazabilidad de los empleados que actuaban como prestanombres. Quien había pedido sus designaciones, a qué bloques pertenecen y bajo que condiciones eran esos contratos.

El proyecto pasó por debajo de todos los focos y la mirada pública. Pero para Atencio -quien interviene en el proceso como Juez de Garantías- esta decisión implica un “ocultamiento de pruebas”. Sostiene que se trata de un “entorpecimiento” en el proceso de investigación. Y que se debe habilitar un nuevo caso para establecer responsabilidades o autorías en ese nuevo delito derivado de la causa principal.

“Es una atribución de funcionario público, actuar ante un eventual delito y hacer la denuncia para que se abra una investigación”, explicaron en Tribunales. Eso hizo Atencio, aunque ahora será Garganta, el fiscal, quien deberá establecer cómo se configuró ese presunto ilícito en un cuerpo integrado por 92 hombres y mujeres. Todos tienen, además, inmunidad por su condición de legisladores de la Provincia.

La cámara está presidida por Alejandro Dichiara y tiene tres vicepresidencias, repartidas entre los principales bloques políticos.

Escándalo en la política bonaerense

Rigau fue detenido hace tres años, cuando lo encontraron con varias decenas de plásticos en los boxes de cajeros del Banco Provincia, en la avenida 7 y 54. Tenía más de $ 2 millones en una bolsa y estaba en plena tarea de extracción de dinero.

El esquema descubierto hace casi tres años funcionaba de manera sistemática y expuso un mecanismo de desvío de fondos públicos que involucra a las máximas esferas del poder político bonaerense.¨

La acusación sostiene la existencia de una “mecánica repetitiva” en la que todos los primeros días del mes, Rigau extraía el dinero de ese casi medio centenar de cuentas con las tarjetas de débito que administraba. Según una pericia de la División Lavado de Activos de la Policía Federal, eran movimientos de salarios en cajeros automáticos, realizadas de madrugada o fuera de horario comercial, sin que las tarjetas registraran ningún otro tipo de salidas.

Las cifras del presunto fraude asciende -sólo entre enero de 2022 y septiembre de 2023- a $395,4 millones de pesos (monto que se disparará exponencialmente al actualizarse por inflación y si se suman años anteriores). Pero la sospecha es que esto se hizo durante años, incluso décadas.

En su momento, el juez Atencio estimó que la maniobra representaría un desfalco cercano a los 2.800 millones de pesos. Y atribuyó responsabilidades a todos los sectores de “lo más alto de la dirigencia política” bonaerense.

Aunque se trata de uno de las operaciones más indecorosas de la historia reciente, apenas tiene tres imputados: el dirigente del peronismo y ex director de Personal de la Cámara, Claudio Albini. Está acusado como presunto jefe de la estructura y la fiscalía pidió una pena de 6 años y 4 meses de prisión. “Chocolate” Rigau, el “tarjetero”, para quien se solicitó una condena de 5 años y 6 meses; y Facundo Albini, exconcejal platense, ex asesor legal del Frente Renovador de La Plata y presunto organizador, con 4 años y 3 meses de prisión.

Tanto Rigau como los Albini gozan actualmente de arresto domiciliario, una condición que, debido a los plazos y las características del proceso, probablemente mantengan incluso si reciben una condena de cumplimiento efectivo.