El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, se presentó este jueves en la Justicia donde fue indagado en la causa por la retención indebida por parte de la entidad de 19.300 millones de pesos en impuestos y aportes previsionales. El jefe de la AFA repitió la estrategia del tesorero, Pablo Toviggino, y los otros implicados en la causa: presentó un escrito, pero se negó a responder preguntas del juez.
"Cumplimos con lo que quería el juez, con lo que fuimos citados", le dijo Tapia a las medios después de su indagatoria. Y luego agregó un comentario sobre la selección argentina de fútbol: "Nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la Finalissima se juega en España y yo quiero que se juegue en el monumental", señaló en referencia al partido que se debía disputar a fin de mes en Qatar y que se suspendió en esa sede por la guerra en medio oriente.
Tras la indagatoria, ahora el juez en lo Penal Económico Diego Amarante quedó en condiciones de resolver si procesa, sobresee o le dicta la falta de mérito a Tapia, Toviggino y a otros tres dirigentes acusados del delito de apropiación indebida de tributos.
Es la primera vez que Tapia se enfrenta a esta situación en una causa judicial. Fue denunciado otras veces, pero todas fueron rechazadas. Nunca llegó a una instancia de indagatoria ya un posible procesamiento a tres meses del inicio del Mundial de fútbol. Además, el dirigente tiene prohibida la salida del país, lo que podría agravarse si es procesado.
Tapia llegó a las a tribunales poco antes de las 11 horas en una camioneta Toyota SW4 blanca. Los oficiales de la Policía Federal le hicieron un pasillo de seguridad para que pudiera ingresar. "Buenos días, no nos golpeemos", le dijo a los periodistas. No quiso contestar preguntas, entre ellas si el asesor presidencial Santiago Caputo se quería quedar con la AFA como había dicho el miércoles el abogado Gregorio Dalbón, Dalbón hoy no estuvo en tribunales.
Tapia estuvo ante el juez durante poco más de una hora. Escuchó la acusación en su contra y de la propia AFA que también está imputada en la causa. Presentó un escrito de 15 páginas y se negó a contestar preguntas. "Una audiencia muy cordial", le contó a este medio una fuente que participó. Salió a las 12:20 junto a su abogado, Luis Charró, y comisarios de la Policía Federal que lo custodiaron por una rampa hasta su camioneta. "Cumplimos con lo que quería el juez, con lo que fuimos citados", dijo antes de subir al vehículo.
Minutos después que Tapia se retiró de tribunales, la AFA emitió un comunicado. "Frente a los episodios que son de público conocimiento, y la distorsionada difusión que algunos medios vienen haciendo sobre el tema, luego de haber comparecido sus autoridades ante la Justicia, la Asociación del Fútbol Argentino se ve en la obligación de informar que no solo no cometió delito alguno, sino que además, hizo uso de un derecho acordado por el Estado", sostuvo la entidad y enfatizó que la deuda ya fue saldada con intereses
La de Tapia fue la última de las indagatorias de la causa. Ya pasaron por ese trámite el tesorero Toviggino, el gerente general Gustavo Lorenzo, y el actual y el ex secretario general Cristian Malaspina y Víctor Blanco, respectivamente. Todos presentaron escritos en los que hicieron sus descargos y se negaron a contestar preguntas.
La causa se inició en diciembre del año pasado con una denuncia que presentó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) porque la AFA no pagó 19.300 millones de pesos de impuesto a las Ganancias e IVA y aportes previsionales de marzo de 2024 a septiembre del año pasado.
El juez Amarante citó a indagatoria a los cinco dirigentes por el presunto delito de retención indebida de tributo que tiene una pena de dos a cinco años de prisión. Según la ley, el delito se comete cuando se vence el plazo sin pagar el impuesto, lo que este caso ocurrió. Además, el magistrado constató que la AFA tenía en sus cuentas y plazos fijos del banco Credicoop los fondos para pagar sus obligaciones.
Desde la entidad rechazan las acusaciones. Si bien no niegan que no pagaron en plazo sostienen que la deuda ya está regularizada. También que no tenían la obligación de hacerlo porque hasta mitad de año están vigentes resoluciones de ARCA y del Ministerio de Economía de la Nación que impiden ejecutar deudas fiscales. Otro argumento es que el gobierno de Javier Milei hizo la denuncia en diciembre pasado cuando la primera deuda se generó en marzo de 2024.
"No existió ardid ni engaño alguno, sino una conducta ajustada a resoluciones administrativas dictadas en el marco de una política estatal de alivio y regularización fiscal. Por lo tanto, está ausente el elemento subjetivo requerido y no puede atribuirse voluntad criminal".
Por eso, Tapia y el resto de los acusados pidieron su sobreseimiento en base a que la deuda no se puede exigir. Ese pedido fue rechazado por el juez Amarante y apelado a la Cámara en lo Penal Económico que hará una audiencia el miércoles de la semana que viene para tratar el tema. El tribunal también debe resolver sobre la prohibición de salida del país que tienen los acusados.