La Cámara Federal porteña revocó este jueves el sobreseimiento del ex presidente Alberto Fernández en una causa en que se investiga si prolongó la cuarentena que decretó por la pandemia de Covid durante 2020 y 2021 en forma excesiva para mejorar su imagen y chances electorales.

En un fallo al que accedió Clarín, los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens ordenaron a la jueza María Servini realizar una serie de medidas de prueba pedidas por el fiscal Carlos Stornelli para investigar si el ex presidente abusó de su poder. Esta causa es paralela a la de la "fiesta de Olivos" en la que el juez de San Isidro Lino Mirabelli lo condenó a pagar 1,6 millones de pesos por el daño ocasionado.

La cuarentena estricta por COVID-19 en Argentina comenzó el 20 de marzo de 2020 y se prolongó durante varios meses, con diferentes etapas de aislamiento y distanciamiento social preventivo y obligatorio (ASPO y DiSPO), hasta finales de ese año y luego siguieron otro tipo de restricciones.

La Cámara Federal dispuso, por ejemplo, comparar el período que la cuarentena duró en Argentina con otros países. “Concretamente, la necesidad de producir un análisis comparativo regional acerca de la extensión de las medidas de aislamiento dispuestas, su evolución y conveniencia, de modo de contar con un parámetro objetivo que permita acreditar o descartar la hipótesis denunciada en autos”, destacó.

El tribunal concluyó que los colectados en la causa “resultan insuficientes para adquirir un estado de certeza negativo que permita solventar la decisión adoptada, no siendo posible desestimar los cuestionamientos formulados por el apelante sin la realización de las medidas probatorias idóneas para dilucidar tales interrogantes”.

En cambio, Servini en la resolución en que dispuso el sobreseimiento de Alberto concluyó que de su análisis “no surgía ningún elemento que respaldara la hipótesis investigada. En esa línea, destacó que de la totalidad de la documentación aportada por la Dirección General de Asuntos Judiciales de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación surgían sólo dos expedientes con "mediciones de humor social respecto de las medidas que estaba adoptando el Poder Ejecutivo".

Pero que las fechas de inicio y tramitación de las encuestas pedidas por la Casa Rosada “impedía vincularlos con la extensión de las restricciones adoptadas -13/05/2020 y junio/julio 2020-. Párrafo aparte, descartó la existencia de un parámetro válido general para determinar un momento concreto a partir del que dejaron de ser necesarias esas limitaciones, en función de lo informado por la Directora Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación”.

Por su parte, la defensa de Alberto dijo que “las decisiones cuestionadas, lejos de tener en mira alguna conveniencia política, fueron adoptadas tras escuchar a un comité formado por los mejores epidemiólogos y psiquiatras del país junto con los gobernadores de todas las provincias y que los decretos de necesidad y urgencia dictados respetaron el trámite administrativo de rigor y fueron acompañados de los informes y dictámenes correspondientes luego del acuerdo general de los ministros y luego aprobados por el Poder Legislativo -en los términos de la ley 26.122-, y que todos los gobiernos acuden a las encuestas para indagar como impactan sus políticas.

A fines del año pasado, Stornelli imputó al ex presidente por presunto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público en el manejo de la prolongada cuarentena que decretó por la pandemia de Covid durante 2020 y 2021.

La medida fue tomada en el marco de una presentación judicial encabezada por Yamil Santoro: el legislador porteño denunció penalmente al ex presidente a partir de los recientes dichos públicos de Martín Guzmán sobre las medidas de aislamiento.

Stornelli investigó "las posibles conductas delictivas" de Fernández, quien está acusado de "extender por razones indebidas" las restricciones, con fuertes consecuencias tanto a nivel social como económico.

"En este sentido, conforme surge de los escritos de denuncia incorporados, quien fuera ministro de Economía de aquella gestión de gobierno nacional, Martín Guzmán, habría señalado en el marco de una entrevista periodística que '(…) dada la información técnica que tenía, fue más larga de lo que tendría que haber sido y que ello obedeció a motivos de conveniencia política, o una suerte de 'bandera más política, ya que le estaba yendo 'bien con la sociedad' y que 'la administración de la pandemia es lo que hacía fuerte al Gobierno'. El nombrado incluso habría referido: 'Entonces, por mucho tiempo era no, no, no se puede (relajar la cuarentena)’", remarcó Stornelli en su requerimiento de instrucción a la jueza federal María Servini.

Las declaraciones a las que hace referencia el fiscal fueron realizadas por Guzmán en un canal de streaming.

La causa se base en las revelaciones del ex ministro Martín Guzmán sobre el manejo de la cuarentena.

Entre las disposiciones para avanzar con la investigación, Stornelli ordenó que se recaben todas las normas dictadas por el Ejecutivo para imponer limitaciones en la cuarentena. También, que se solicite a la Organización Mundial de la Salud (OMS) información estadística acerca de las medidas sanitarias que tomaron los demás países por la pandemia, especificando su extensión, implicancias sobre las libertades de los ciudadanos y resultados en la prevención de contagios.

Además, requirió que el gobierno de Javier Milei informe si existe documentación de posibles encuestas que la anterior gestión pudo haber solicitado (a organismos públicos o consultoras privadas) para conocer la opinión de la gente sobre la cuarentena.

Otro pedido del fiscal fue que se cite a prestar declaración testimonial a economistas y representantes de las principales cámaras empresariales, con el objetivo de que detallen los efectos que provocaron en sus rubros las restricciones.