El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) responsable de juzgar a Cristina Kirchner y a otros 85 imputados por la estructura que desde 2003 a 2015 se dedicó a la recaudación de fondos ilegales, inició la segunda audiencia -aún de forma virtual-, con un contundente descargo dirigido a la Corte Suprema y a la Cámara de Casación, respecto a la modalidad bajo la cual resolvieron llevar adelante el debate del caso Cuadernos. Sin embargo, se resolvió sumar una audiencia más a partir del 25 de noviembre.

Después de la reunión a la que convocó la Cámara de Casación para el martes próximo “con el fin conocer las herramientas necesarias que se pueden adoptar para coadyuvar con mayor eficacia, eficiencia, celeridad e inmediación de dicho juicio”, lo que incluiría aumentar las audiencias y que la presencialidad pase a ser la modalidad del debate, el TOF 7 leyó este jueves, una resolución marcando su posición sobre el debate que se suscitó al respecto.

A las 9.40 con los 86 imputados conectados junto a sus abogados y con la participación de Julio De Vido detenido en Comodoro Py en cumplimiento de la condena de la Tragedia de Once, inició la segunda audiencia del caso Cuadernos.

El Tribunal con la intervención de la fiscal general, Fabiana León, juzgará el funcionamiento de una “organización criminal que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales”, es decir, el cobro de sobornos que pagaban empresarios de diversos rubros. La calificación penal es la de una asociación ilícita cuya jefa, a criterio de los investigadores, fue Cristina Kirchner. Los ex integrantes del ministerio de Planificación Federal fueron organizadores y los empresarios, sólo fueron enviados a juicios por el delito de cohecho activo.

Previo a avanzar con la lectura del requerimiento de elevación a juicio oral, el presidente del TOF 7, Enrique Méndez Signori hizo pública una resolución firmada por los tres magistrados donde fijan su posición respecto a porqué se adoptó la modalidad virtual para dar inicio al debate. El desarrollo de un juicio es jurisdicción plena del Tribunal que lo lleva adelante, si bien hay una reunión fijada por el máximo tribunal penal, éste sólo puede realizar sugerencias respecto a la cantidad de audiencias como también, a su presencialidad.

“Desde hace seis años y fundado en la necesidad de realizar un proceso acorde a la Constitución Nacional, este Tribunal ha realizado múltiples reclamos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura y a la Cámara Federal de Casación Penal, requiriendo recursos humanos, espacio físico que incluya la adaptación de puestos de trabajo, gestión de expedientes sorteados o por sortearse, que fueron satisfechos sólo parcialmente por el Alto Tribunal en 2022 y 2024, a través de la autorización de contratación de personal, pero que resulta insuficiente en función de lo solicitado”, sostiene la resolución.

Acto seguido el juez Méndez Signori expresó que pese a las carencias detalladas que no fueron resueltas por los tribunales superiores, se informó el 6 de diciembre pasado cuál iba a ser la forma en la que se iba a llevar a cabo este juicio: la modalidad híbrida. Esto se ratificó en la audiencia preparatoria del 23 de septiembre.

Dicha metodología, explicó el TOF 7, “se viene llevando a cabo desde hace años en juicios -simples y complejos- con amplia aceptación de la mayoría de las partes y la convalidación de los tribunales superiores y cuyos beneficios de la mano de la tecnología con la que se cuenta resultan innegables, más allá de algunos defectos menores que suelen aparecer, generalmente subsanables a través del personal, tal como ocurrió la semana pasada con el comportamiento de algunas personas imputadas conectadas telemáticamente”.

La primera audiencia devolvió imágenes de imputados como Julio De Vido comiendo frente a cámara, Cristina Kirchner que sólo se mostró por unos escasos segundos ante el Tribunal, otro acusado que siguió el juicio recostado en su cama.

Se consignaron otros casos en los que los juicios se celebraron de manera virtual. Y en lo que concierne al caso Cuadernos, el Tribunal explicó que requirió a la Corte Suprema, con fecha 15 de julio de 2025, “una sala de audiencias en este Palacio de Justicia, para aquellas jornadas de debate que importen una modalidad mixta, con el tribunal y algunas partes presentes, más el público que habilite el recinto, como la conexión telemática para restantes partes y demás público general, lo que no fue receptado y derivado a la Cámara Federal de Casación Penal”.

El presidente del máximo tribunal penal, Daniel Petrone, detalló el TOF 7 “ofreció la sala de audiencias denominada “Sala Amia”, con un doble orden de problemas hoy insolubles: no estuvo ni está en condiciones a la fecha de ser utilizada por remodelaciones y el Tribunal carece de oficinas y demás instalaciones para llevar adelante el juicio con su personal en esa sede de Comodoro Py, con el agravante de que conserva todos los expedientes, incidentes y la cuantiosa documentación debidamente clasificada en su sede del Palacio de Justicia”.

Pese al detalle de los reclamos sostenidos en el tiempo, y ante la crítica pública, el Tribunal de juicio decidió sumar una audiencia semanal al juicio. A partir del 25 de noviembre el juicio se llevará a cabo los martes y jueces. Además, se resolvió que las declaraciones indagatorias “se celebren bajo la modalidad mixta; es decir, con sus integrantes, las personas imputadas que corresponda convocadas con sus defensores, partes acusadoras y público, de manera presencial, mientras que el resto de las partes y público general lo hará de modo telemático”.

Con total respaldo al voto de sus pares, el juez Germán Castelli consideró que la Casación convoca a una reunión “sin apoyo en algún fundamento novedoso mayor que el reclamo de un sector de la opinión pública que no tiene las delicadas responsabilidades constitucionales conferidas a este órgano jurisdiccional, aparecería como caprichoso y en desmedro del principio de independencia en la magistratura y en perjuicio de la seguridad jurídica; máxime cuando el compromiso de este Tribunal es el de realizar un juicio justo a todas las personas que toque juzgar, sean ricas, pobres, débiles o poderosas”.

El presidente del TOF7 y ante el pedido de muchos de los abogados, informó que transmitirá a la Cámara de Casación la pretensión de participar de la reunión del próximo martes. Algunos defensores se pronunciaron en contra de la citación del máximo tribunal penal, acusándolos de “intromisión en la independencia del Tribunal” respecto al desarrollo del juicio.

Durante la tarde se remitió un escrito al máximo tribunal penal, al que accedió Clarín, donde se da cuenta del pedido de la defensa de Cristina Kirchner, como también de Julio De Vido, Roberto Baratta, entre otras, para participar del reunión convocada por la Casación para el martes próximo para terminar de definir la modalidad del juicio.

Al concluir la lectura de la resolución se reanudó la audiencia con la lectura del tramo en el que el fiscal federal, Carlos Stornelli, detalló los cohechos activos: quiénes fueron responsables de pagar las coimas.

La audiencia retomó su tema central: la lectura de la maniobra delictiva y el rol de los acusados. Previo a ello, el juez Méndez Signori pidió a los imputados que se expongan frente a la cámara, entendiendo “que no es el abogado el relevante”. Desafiando, una vez más al Tribunal, la ex presidenta se mostró unos segundos. El resto de la audiencia sólo se vio su hombro, sentada al lado de su defensor Carlos Beraldi.

Al proseguir con la lectura del requerimiento, se escuchó el detalle de los empresarios que pagaron los sobornos. Entre los que más hechos de cohecho atribuidos tiene se encuentra Juan Carlos De Goycochea (18), Ángelo Calcaterra (17), Gerardo Ferreyra (15), Enrique Pescarmona (13), Carlos Wagner (7), entre otros.

En este expediente conocido como la “causa madre”, la ex Presidenta está señalada como responsable de haber recibido 40 coimas que representan más de 10.400.000 dólares.

La lectura de estos cohechos activos sostiene que la destinataria final del dinero era Cristina Kirchner.

Al concluir con este acápite del dictamen de elevación a juicio, el secretario del TOF 7 avanzó con la lectura sobre las anotaciones de interés que “obran manuscritas en las ocho copias de los cuadernos”.

Durante más de una se escuchó el minucioso detalle de las anotaciones que dieron origen a la causa: día, horarios, los puntos de encuentro, quiénes pagaban y quiénes recaudaban las coimas que siempre eran en dólares. Y sobre todo: cuál era el destino final, o el departamento de Recoleta de Cristina Kirchner o la Quinta de Olivos.

Las anotaciones leídas hablaban de “bolsos que se recargaban, iban vacíos y volvían llenos”, también de valijas y en algunas ocasiones, dinero entregado en bolsas.

Una descripción del circuito de sobornos que se constituyó, para la justicia, en una asociación ilícita cuya jefa fue Cristina Kirchner.