Ariel Vallejo, el dueño de Sur Finanzas y cercano al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, le entregó su teléfono celular a la justicia federal de Lomas de Zamora que lo investiga por presunta evasión de impuestos y lavado de dinero.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que Vallejo se presentó personalmente en el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Armella, y entregó su móvil. Lo hizo junto con su clave y encendido, para que así se pueda acceder.

El secuestro del celular había sido solicitado por la fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona junto con los allanamientos que se hicieron este lunes en la sede central de Sur Finanzas en la localidad bonaerense de Adrogué, en todas sus sucursales y en el club Banfield, y el congelamiento de todas las cuentas bancarias de la financiera.

Vallejo también llevó el celular de su madre, Graciela Beatriz Vallejo, que figura como presidenta y directora titular de Sur Finanzas y aparece nombrada en la causa judicial. Vallejo es el vicepresidente y su esposa, María Fernanda Sena Argis, también directora titular. El celular de la madre también fue entregado con la clave y encendido. Los teléfonos serán peritados para buscar información que pueda ser relevante para la investigación.

En la causa, este lunes la Superintendencia Investigaciones Federales de la Policía Federal realizó 19 allanamientos que comenzaron a la mañana y se extendieron hasta la noche en busca de información y documentación para la causa. "Se está terminaron de listar todo lo que se secuestró para después comenzar a estudiarlo", le dijo una fuente a este medio.

Junto con los procedimientos también se dispuso el congelamiento de todas las cuentas de Sur Finanzas y que se levante el secreto bancario, fiscal y bursátil de Vallejo para así poder conocer información económica y patrimonial. Durante todo el lunes la justicia y la Policía Federal buscó a Vallejo y no lo encontró.

A última hora de la noche, el financista designó como abogado a Pablo Parera, quién presentó un escrito en el que dijo que Vallejo estaba a disposición y que hoy se presentaba en el juzgado.

La causa que se inició tras la denuncia penal que la semana pasada presentó DGI-ARCA por una presunta evasión del impuesta al cheque por 3.300 millones de pesos de parte de Sur Finanzas. Allí se dio cuenta que la financiera movió alrededor de 818.000 millones de pesos en sus operatorias con gente inexistente o que no tiene la capacidad económica para hacerlo.

"Esta investigación sostiene la hipótesis de que Graciela Beatriz Vallejo, Maximiliano Ariel Vallejo y María Fernanda Sena Argis valiéndose de la estructura funcional de la firma Sur Finanzas PSP S.A., habría perpetrado al menos dos hechos delictivos independientes que concurren materialmente entre sí", sostuvo la fiscal Incardona en su dictamen para iniciar la causa. Esos dos hechos son la evasión del impuesto al cheque y la puesta en el mercado de los 818 mil millones de pesos.

Los procedimientos fueron ordenados en una investigación que se inició este año, también por presunto lavado de dinero, y que vincula a Sur Finanzas con el club Banfield y sus directivos Oscar Tucker, Eduardo Spinosa y Federico Spinosa. El expediente es porque el club integró su patrimonio con un préstamo de dos millones de euros de la empresa “Auriga League S.A.” que nunca devolvió. Ante eso, Banfield fijó un mecanismo de pagó con una futura venta de jugadores de fútbol.

Por eso también este lunes fueron allanados Banfiled y direcciones vinculadas a un fideicomiso del club.

Vallejo tiene otras causas penales. La Justicia en lo Penal Económico lo investiga también por presunto lavado de dinero en un entramado de empresas y en los tribunales federales de Comodoro Py tiene otro expediente por la compra de dólares en 2019 a precio oficial cuando regía el cepo cambiario.

Los expedientes podrían en algún momento quedar unificados en una sola causa ya que tienen a Vallejo y al delito de lavado de dinero como protagonista en todas. De hecho, Eduardo Taiano, el fiscal que tiene la causa desde 2021 por la compra de dólares, pidió que ese expediente pasó al del fuero Penal Económico.