86.400 personas privadas de su libertad están habilitadas para votar en las elecciones nacionales legislativas del próximo domingo. Lo harán en 317 lugares de detención de todo el país, entre cárceles, alicaídas e institutos de menores y con la misma Boleta Única de Papel (BUP) que se utilizará en todo el comicio.

En el país los presos votan desde 2007 y solo pueden hacerlo quiénes están procesados. Así, quedan inhabilitados por la ley los que tienen condena firme, a pesar que un fallo de la Cámara Nacional Electoral declaró inconstitucional esa prohibición pero el Congreso Nacional nunca modificó la norma.

En ese último caso está la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner y el resto de los condenados en la causa “Vialidad”. Cuando este año la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó las condenas, la ex mandataria fue excluida del padrón, lo que da el derecho a votar.

Tampoco votan los detenidos en comisarias o en prisión domiciliaria, aunque legalmente puedan hacerlo. Los comisarías no están contempladas en la ley y deberían ser un lugar de alojamiento transitorio pero se convirtieron en permanentes. Y quiénes cumplen prisión domiciliaria deberían pedirle autorización al juez de su causa penal para salir de su casa.

La elección de los detenidos se hará en 317 lugares de detención donde habrá 422 mesas de votación. El comicio en una cárcel presenta algunas particulares propias de esos lugares.

El voto es obligatorio pero el nivel de participación es muy bajo. En la elección presidencial del 2023 votó el 36,71 por ciento de los habilitados a poder hacerlo y en las legislativas de 2021 el 27,35 por ciento.

Siempre en las cárceles ganó el peronismo. En las presidenciales del 2023 Sergio Massa obtuvo el 71,87 por ciento de los votos contra el 15,49 por ciento de Javier Milei. Y en las legislativas del 2021 el Frente de Todos ganó en 18 de las 24 provincias.

El bajo nivel de participación ocurre porque en muchos casos los detenidos no cuentan con el documento para poder hacerlo porque lo retiene el Servicio Penitenciario o lo tiene algún familiar para cumplir algún trámite.

Como todos los ciudadanos, los detenidos votan en el último domicilio registrado en su documento. Pero ocurre que muchos están alojados en otras provincias. Así, por un ejemplo, una persona está presa en una cárcel de la provincia de Buenos Aires pero inscripta en el padrón de La Pampa.

Por eso motivo, lo que que se hace es que en todos los lugares de detención haya boletas de todos los distritos. Siempre en las cárceles se votó con boleta única donde está toda la oferta electoral. Así se hizo en elecciones nacionales donde se sufragaba con la boleta de lista sábana.

Pero ahora en todo el país se usará la BUP y el mismo sistema se utilizará en los lugares de detención.

Otra diferencia es que el domingo la votación en las unidades no tendrá escrutinio provisorio. Directamente tendrán el escrutinio definitivo que hará la Cámara Nacional Electoral a partir del próximo martes.

Los partidos políticos tienen derecho a enviar fiscales a las mesas de votación para que controlen la elección, inclusive también a hacer campaña en los establecimientos penitenciarios. También hay autoridades de mesa pero en estos casos no son elegidas entre ciudadanos.

Para las cárceles, quienes hacen de autoridad de mesa son funcionarios de la justicia penal o docentes que trabajan en el ámbito penitenciario. “Se hace así porque un civil puede ser reticente a ir a una cárcel”, explicó una fuente.