La causa de las fotomultas en la que está , suma un nuevo capítulo. Ahora, el juez que tiene competencia en este proceso quedó en el centro de una fuerte polémica judicial y política. Se trata de Juan Pablo Masi, titular del Juzgado de Garantías N.º 4, contra quien se presentó una denuncia formal para iniciar un Jury de Enjuiciamiento, con pedido de suspensión preventiva y destitución, por presunto mal desempeño, abuso de autoridad y parcialidad manifiesta.

La presentación fue realizada ante la secrcetaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires. Lleva las firmas Matías Yofe y del diputado provincial Luciano Bugallo (de la Coalición Cívica), quienes acusan al magistrado -entre otras cosas- de haber intentado interferir en una investigación federal por lavado de activos vinculada al escándalo de las fotomultas y la VTV.

El pedido de sanción a Massi es una derivación de la causa donde se investigan presuntas maniobras de corrupción en el sistema de fotomultas y en la concesión del servicio de Verificación Técnica Vehicular (VTV). El estallido de estas maniobras terminaron en la renuncia del entonces ministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio, en diciembre de 2024.

Por esos hechos se abrieron dos investigaciones paralelas: una causa federal, radicada en el Juzgado Federal de Campana, a cargo Adrián González Charvay, por el delito de lavado de activos, que ya terminó con el procesamiento y embargo millonario de D’Onofrio; y una causa provincial, a cargo del juez Masi, por fraude a la administración pública y otros delitos ordinarios.

Hace un mes, D'Onofrio fue procesado como presunto responsable del delito de “lavado de activos” y se ordenó un embargo por $350 millones en su contra. La medida incluyó a Facundo Asensio, ex director de Fiscalización y Control de la Dirección Provincial de Verificación Técnica Vehicular, con un embargo de $300 millones. Ambos continuarán en libertad y mantienen la inhibición general de bienes dispuesta en marzo de 2025.

Sin embargo, el pedido de jury apunta contra el otro magistrado, Masi, que según la denuncia habría intentado absorber la causa federal, pese a que el lavado de dinero es un delito de competencia exclusiva de la Justicia Federal.

La maniobra que desata el pedido de jury

De acuerdo con la presentación de los dirigentes de la Coalición Cívica, el juez platense solicitó formalmente que el magistrado federal se inhibiera y le remitiera el expediente, argumentando -sin tener acceso a la causa- que no estaba probado el delito de lavado.

La decisión fue rechazada tanto por el juez federal como por los fiscales intervinientes, que calificaron la maniobra como irregular e inédita, y remarcaron que la investigación federal llevaba más de dos años, con allanamientos, levantamiento de secretos bancarios y detección de cuentas y bienes en el exterior.

Para los denunciantes, el objetivo habría sido frenar o debilitar la causa federal, que avanzaba contra el exministro.

No obstante, Masi siguió actuando en el expediente que imputa a D`Onofrio delitos de la órbita provincial: presunto mal desempeño en la función, defraudación y cohecho. Y -según explicaron a Clarín en el fuero penal de La Plata- en ese trámite fue ratificado por la Cámara de Apelaciones penales platense.

Casi en simultáneo -según plantean los denunciantes- el juez Masi tomó otra decisión controvertida: quitó el carácter de “particular damnificado” a una empresa que actuaba como querellante y había impulsado la investigación desde el inicio.

Se trata de SECUTRANS S.A. (una compañía dedicada al rubro de cinemómetros y radares de velocidad) que fue la denunciante originaria del caso de corrupción en las foto-multas y la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Esa empresa había sido admitida previamente por el propio magistrado, y su exclusión -sostienen los denunciantes- dejó la causa bajo un control mucho más cerrado, sin actores externos que supervisaran el avance del expediente.

Sin embargo, en el juzgado explicaron que "sólo se excluyó de esa condición a Leandro Camani, porque dejó de ser presidente de la firma. Pero SECUTRANS sigue como particular damnificada en la causa, representada por una apoderada, según consta en resoluciones de octubre de este año".

La denuncia sostiene que la combinación de ambas decisiones revelaría un patrón de conducta orientado a beneficiar a D’Onofrio.

El escrito también menciona vínculos personales y profesionales previos entre el juez Masi y el exministro. Señala que D’Onofrio habría tenido influencia en un jury anterior contra el magistrado. Fue en 2021 y entonces, el jurado por 8 votos a 1 desestimó una denuncia contra Masi por "prevaricato", archivó el proceso y restituyó al magsitrado en su puesto. Lo había suspendido la Suprema Corte para investigarlo, dos años antes.

D`Onofrio era senador entonces, pero no integró ese jury. No obstante, Yofre y Bugallo sostienen que el mismo abogado defendió al juez en aquel proceso y luego al exministro en la causa de las fotomultas.

Estos antecedentes, afirman los denunciantes, refuerzan la sospecha de conflicto de intereses y falta de imparcialidad, una de las causales expresas de remoción previstas en la ley.

D'Onofrio negó las acusaciones en la Justicia

D`Onofrio rechazó las acusaciones que lo involucran en presuntas maniobras ilegales. El ex funcionario de Axel Kicillof presentó un escrito en la fiscalía que también investiga otro supuesto hecho de corrupción: la red de abogados y funcionarios que cobraban a cambio de dar de baja parte o la totalidad de los montos de las fotomultas que se captaban en las rutas bonaerenses.

Tal como informó Clarín, el dirigente que llegó al cargo por un acuerdo del gobernador con Sergio Massa, negó todas las imputaciones: a través de un documento de 25 carillas aceptado como parte de la declaración indagatoria, argumentó que el proceso de licitación para ofrecer el servicio de la VTV en todo el territorio “fue legal, público e internacional, contando con la intervención favorable de organismos de control y asesoría”.

Para el fiscal Garganta, D`Onofrio “direccionó” las licitaciones para favorecer a empresas que se hicieron cargo de los talleres verificadores en concesiones que adjudicaron en 2024. Por esas fosas y revisiones deben pasar más de 4 millones de vehículos radicados en Buenos Aires y que abonan por lo menos $ 79.640 (el costo por un auto de uso particular de menos de 2.500 kilos) por cada service.

El exfuncionario justificó la contratación de la empresa Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A. para hacerse cargo de la “turnera” online y el sistema de cobro on line. Dijo fue “la opción menos costosa y necesaria para mejoras tecnológicas del servicio”.

Para Garganta, en realidad sería una empresa “intermediaria” para cobrarle una coima a las concesionarias. “Se ha instrumentado un sistema de retorno de dinero que más tarde llegaría al Ministro de Transporte Bonaerense a través de la empresa Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA a quien las empresas adjudicatarias debían abonarle la suma del 3% (en una primera etapa) y luego el 8,5% (en una segunda etapa) +IVA de los ingresos obtenidos por el servicio de VTV de manera mensual y por el tiempo que dure la concesión del servicio (10 años) a cambio del servicio que la misma prestaría: el otorgar los turnos on line”, dijo en su escrito.

El fiscal consideró que por este dispositivo se desviarían $ 4.900 millones en todo el lapso de la concesión.