La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal revisará la decisión de aplicarle una multa de 100 mil pesos por día al gobierno nacional por no cumplir la medida cautelar que le ordenó poner en marcha la ley de financiamiento universitario que aprobó el Congreso de la Nación

Fuentes judiciales informaron a Clarín que la Sala III de la Cámara aceptó tratar una apelación del Poder Ejecutivo. Así analizará si está cumpliendo o no la medida cautelar y si se le debe aplicar lo que en términos judiciales se conoce como astreintes. De hecho, el juez federal Martín Cormick dispuso la semana pasada que esa multa comience a regir: 100 mil pesos por día de incumplimiento en cabeza del jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli. Pero esa resolución luego fue frenada.

Cuando el magistrado dictó la medida cautelar y dispuso que el gobierno debía comenzar a cumplir la ley advirtió que en caso que no lo hiciera iba a aplicar una multa por cada día que de incumplimiento. La medida cautelar fue confirmada por la Cámara y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Con esa decisión firme, el juez Cormick aceptó un pedido de las Universidades Nacionales -quienes iniciaron la causa- y comenzó a aplicar los astrientes. La ley establece que el gobierno debe incrementar el financiamiento universitario, lo que el presidente de la nación Javier Milei vetó hasta tanto haya partidas presupuestarias. Por esa política, ya se realizaron cinco marchas nacionales en reclamo de la aplicación de la ley.

"En concordancia con lo proveído en el marco de la causa principal, atento el incumplimiento verificado, corresponde hacer efectivo el apercibimiento dispuesto en fecha 30/9/2026 y disponer la aplicación de astreintes diarias al funcionario titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina, ello, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 100 inciso 1 de la Constitución Nacional y el art. 5 ° de la Ley 27.798, las que se fijan en la suma de $ 100.000 en una primera etapa, pudiéndose modificar los funcionarios alcanzados y el monto", sostuvo el magistrado en su fallo.

Pero el gobierno había apelado la decisión de que se aplique una multa. Esa apelación fue rechazada por el juez y ante esa negativa fue directamente a la Cámara para que intervenga en el caso.

Los abogados del Ministerio de Capital Humano, de quien depende el área de educación, objetaron que se apliquen astreintes porque sostienen que la ley se están cumpliendo. En la apelación señalaron que se incrementaron las becas estudiantiles y que hubo un aumento del 21,33 por ciento sobre los sueldos de mayo de este año.

Los jueces de la Cámara Sergio Fernández, José Luis López Castiñeira y Jorge Morán entendieron que deben intervenir el caso. Explicaron que el fallo del juez de primera instancia es una sentencia definitiva que habilita al tribunal a intervenir.

"Que, en la especie, la apelación intentada por la recurrente resulta formalmente procedente, pues —dado el alcance de la resolución cuestionada y, sin que lo que, por el presente se decide, importe adelantar opinión acerca del cabal cumplimiento o no de la medida cautelar dispuesta en autos—, lo cierto es que la decisión tomada por el a quo de denegar el recurso de apelación —en subsidio al de revocatoria—, es susceptible de generarle un gravamen irreparable a la parte demandada", explicaron.

La misma Cámara suspendió de manera provisoria la aplicación de la multa de 100 mil pesos por día a Santilli. Fue por otra apelación de Capital Humano que sostuvo que la multa no correspondía porque la ley se estaba cumpliendo.

Todo quedará ahora bajo un nuevo análisis judicial.