El titular de la Unión Obrera Metalúrgica, Abel Furlán, comenzó a ser investigado por la justicia penal por presuntas irregularidades en el manejo de la cuota sindical que aportan los afiliados al gremio a través de una empresa que sería de una empleada del sindicato.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que el juez federal Julián Ercolini ordenó las primeras medidas de prueba, entre ellas un operativo que se hizo este viernes en la sede del gremio en busca de documentación sobre los hechos.

La causa se inició por una denuncia que presentó la Fundación para la Paz y el Cambio Climático, que preside Fernando Míguez, en la que dio cuenta que la UMO firmó con la empresa USEM S.A. un acuerdo para que esa compañía maneje el financiamiento de los fondos de la cuota sindical que aportan los afiliados al gremio.

Según la denuncia, el contrato es por 10 años y la directora y accionista de USEM es María Soledad Calle, a su vez empleada en relación de dependencia de la UOM. El manejo de los fondos sería de 100 millones de pesos por mes por los que USEM cobraría un 0,5 por ciento mensual de ese monto.

La causa es por los posibles delitos de administración fraudulenta, fraude y asociación ilícita. La causa quedó a cargo del juez Ercolini y del fiscal federal Eduardo Taiano, quien formuló un dictamen para comenzar a investigar los hechos.

Una de las primeras medidas que tomó el juez fue ordenar un procedimiento que se realizó este viernes en la sede de la UOM, en la calle Adolfo Alsina al 400, y que estuvo a cargo de la División de Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina.

El magistrado solicitó que de la UOM se retire el contrato entre el gremio y la empresa USEM junto a "todos sus anexos, adendas, modificaciones, renovaciones, prórrogas y documentación complementaria". También cualquier tipo de documentación en papel o soporte digital que pueda estar relacionada "con la aprobación, autorización, instrumentación, ejecución, control o seguimiento de dicho convenio".

Por otra parte, el juez Ercolini le solicitó a la Inspección General de Justicia (IGJ) que le envíe el listado completo de los directores y accionistas de la empresa USEM. Y también le requirió a la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Petovello, que informe si Calle es empleada de la UOM y que envíe los estados contables presentados por el gremio durante los últimos cinco años.