El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, fue indagado este miércoles en la causa por la retención indebida de 19.300 millones de pesos de impuestos, presentó un escrito y se negó a contestar preguntas. Fue la antesala de la indagatoria de este jueves del presidente de la entidad Claudio "Chiqui" Tapia.

Toviggino llegó a los tribunales a las 11:05 y se retiró a las 12:25 junto con su abogado Marcelo Rocchetti. No quiso contestar preguntas de los medios y su partida fue tumultuosa. Otro dato: lo hizo en camioneta Jeep sin patente.

Ante el juez en lo Penal Económico Diego Amarante y el fiscal Claudio Navas Rial, Toviggino escuchó la imputación, presentó un escrito de descargo y se negó a contestar preguntas. "Reafirmo mi inocencia", dijo el tesorero en una parte del escrito de 100 páginas en el que también señaló que no se cometió delito en el no pago de los impuestos y que para eso la AFA estaba amparadas en resoluciones del gobierno nacional de Javier Milei. "Se dicte sin más trámite y de manera urgente mi sobreseimiento", solicitó. Y que se le aplique la nueva ley de Inocencia Fiscal.

"No existió ardid ni engaño alguno, sino una conducta ajustada a resoluciones administrativas dictadas en el marco de una política estatal de alivio y regularización fiscal. Por lo tanto, está ausente el elemento subjetivo requerido y no puede atribuirse voluntad criminal", sostuvo en otro tramo de su escrito.

Después de la indagatoria, el abogado del tesorero de la AFA le pidió al juez que le permitiera retirarse por la puerta del atrás de tribunales -por donde podía acceder un auto- para evitar los tumultos y caídas que hubo con los medios de comunicación cuando llegó.

El fiscal Navas Rail aceptó el pedido pero Amarante lo rechazó "por improcedente". La defensa insistió en el pedido, ya que se trataba de una cuestión de seguridad y que el lugar de salida de Toviggino no le generaba al juez ningún perjuicio. El magistrado mantuvo su postura y se lo rechazó.

Toviggino siguió la misma estrategia que el resto de indagados de la cúpula de AFA. El director general Gustavo Lorenzo, el ex secretario general Cristian Malaspina, y el actual Víctor Blanco, respectivamente, también presentaron escritos y se negaron a contestaron preguntas. Sostuvieron que por sus roles no tenían la función de pagar los impuestos de la AFA.

Tras la indagatoria, la defensa de Toviggino estuvo a cargo del abogado Gregorio Dalbón, también defensor de la ex presidenta Cristina Kirchner y que actúa como vocero judicial de Tapia.

“Esto es una cuestión absolutamente política, no jurídica. Y se va a terminar arreglando políticamente, no con Santiago Caputo pero posiblemente con Karina. Es evidente que si el Estado está hablando hace cuatro meses de la AFA es porque se quiere quedar con la AFA y se la quiere quedar Santiago Caputo”, dijo Dalbón a los medios.

Rápidamente, la secretaria general de la Presidencia y hermana de Javier Milei, Karina Milei, le contestó en la red social X: “Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar. Están en manos de la justicia y si son culpables tendrán que pagar con todo el peso de la ley. Fin”.

Toviggino había pedido declarar por videoconferencia y no ir a tribunales, para evitar “verse acosado al momento” de presentarse. El juez rechazó el pedido y ordenó que el día de las indagatorias de todos acusados haya un operativo de seguridad especial en el edificio.

En el caso de Toviggino se cumplió como si fuese un jefe de Estado. La puerta del edificio de los tribunales llegó a estar custodiada por ocho oficiales de la Policía Federal que le prohibieron a los medios de comunicación estar sobre la vereda –un lugar público– y los obligó a trasladarse enfrente. Además, durante media hora estuvo bloqueado uno de los ascensores de los tribunales para que lo use el tesorero de la AFA cuando llegara.

Antes de llegar al lugar, una reflexión atribuida al fallecido papa Francisco. "Vivir es intentar. Y quien intenta, inevitablemente tropieza. Caemos cuando fallamos, cuando nos equivocamos, cuando confiamos en quien no debíamos o cuando nuestras propias decisiones no dan el fruto esperado. Pero la caída no define nuestra historia; lo que realmente la define es la decisión que tomamos después", sostuvo.

La causa judicial se inició en diciembre del año pasado con una denuncia que presentó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) porque la AFA no pagó 19.300 millones de pesos de impuesto a las ganancias e IVA y aportes previsionales de marzo de 2024 a septiembre del año pasado.

"Chiqui" Tapia cerrará este jueves las indagatorias. Tiene que presentarse a las 11 horas ante el juez Amarante. El presidente de la AFA cambió de abogados la semana pasada y ahora lo defiende Luis Charró. Tras esa indagatoria, el juez Amarante quedará en condiciones de resolver si procesa, sobresee o le dicta la falta de mérito a los acusados.

La defensa de Toviggino

En su escrito de 100 páginas, el tesorero de la AFA y el abogado Rocchetti plantearon varios puntos. Uno de ellos es que en la causa no hay delito. Sostuvieron que ARCA y el ministerio de Economía de la Nación dictaron resoluciones por las cuáles suspendieron hasta mitad de año las ejecuciones fiscales de entidades civiles sin fines de lucro, como es la AFA.

Así si una deuda no se puede ejecutar, tampoco se puede exigir por lo que no hubo delito. Ese planteo las defensas ya lo hicieron y el juez Amarante lo rechazó y fue apelado a la Cámara Penal Económico que el miércoles que viene hará una audiencia para tratar el tema.

"La AFA tenía, y tiene aún, plazo para ingresar las obligaciones imputadas. No puede haber delito en la conducta atribuida en tanto todavía no ha ocurrido el plazo de exigibilidad de acuerdo a la citada resolución en la que el Ministerio de Economía le ha quitado a ARCA la potestad de reclamar las deudas generadas por entidades sin fines de lucro, como lo es la Asociación del Fútbol Argentino", sostuvo Toviggino.

Otro argumento es que la deuda está regularizada y que no hubo intimación de ARCA para que la AFA pague cuando no lo había hecho. Así, sostuvo que la causa se debe archivar porque así lo indica el régimen penal tributario para los casos en los que la deuda se regularice de manera espontánea.

Por último, Toviggino planteó un peritaje contable sobre la documentación que hay en la causa.