La causa que investiga el ataque de militantes kirchneristas contra el edificio de Artear donde funcionan el canal de noticias TN y eltrece fue derivada de la justicia de la ciudad de Buenos Aires a la federal, dado que se determinó que el delito a analizar es el de "intimidación pública", lo que corresponde a ese fuero.
protagonizado entre otros por militantes kirchneristas y empleados de algunos organismos públicos, ocurrió el 10 de junio último poco después de que el máximo tribunal argentino confirmara la condena a seis años de prisión por corrupción de la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad.
Tras que además inhabilitó a Cristina Fernández a volver a ejercer cargos públicos, decenas de militantes fueron hasta su casa en San José 1111 para expresar su apoyo a su jefa política y luego, un grupo se desprendió y provocó daños en la sede de Artear, con pintadas en autos, paredes, rotura de vitrinas y puertas.
Cinco meses después, este jueves TN reveló que la causa que instruía el fiscal porteño Andrés Scanga pasó por decisión del juez a cargo del expediente a la Justicia Federal al entender que la actitud de los seis imputados y otras personas que siguen bajo investigación configuraba un "delito de intimidación pública" por lo cual correspondía el cambio de fuero.
Además, reportó que según el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) un nuevo informe judicial detectó vínculos entre los imputados, sospechosos de haber participado de la intrusión y ataque vandálico a la sede de Artear, con militantes y dirigentes de la agrupación La Cámpora y otros sectores del kirchnerismo que se habían movilizado esa noche.
Ese martes, Cristina Kirchner había escuchado el fallo desde la sede del PJ nacional acompañada por diputados y dirigentes como su hijo Máximo, Sergio Massa y Mayra Mendoza, tras lo cual se retiró a su casona de la calle San José, de la que no volvió a salir dado que la justicia admitió concederle el beneficio de la prisión domiciliaria.
Mientras la expresidenta llamaba "monigotes" a los jueces supremos que tras 18 años de investigación ratificaron la condena, la dirigencia movilizó a la militancia hasta su casa y hubo toma en algunas facultades. Pero todo se desmadró cuando un grupo que regresaba hacia la avenida Nueve de Julio por San Juan se metió a la fuerza a la sede de Artear.
Ahora, se supo que un cruce de llamados ordenado por la justicia entre las 19.50 y las 23.54 de ese martes 10 de junio determinó, siempre según TN, que hubo contactos telefónicos entre los seis imputados (Alberto Grasso Rivaldi, Pablo Giles, Matías Federici, José Lepere, Rubén Pavón y Facundo Lococo) con concejales de Tres de Febrero, empleados de organismos bonaerenses, gremios y de la Legislatura provincial.
En ese sentido, el reporte del CIJ identificó al concejal de Tres de Febrero Juan Agustín Debandi, integrante de La Cámpora y exvicepresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y a Santiago Gambarte, también camporista y estudiante de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.
Entre otras comunicaciones detectadas, el informe afirma que todos estaban en un radio de cuatro cuadras de la sede de Artear y compartieron llamadas incluso con Paula Benítez, empleada de la Dirección de Cultura y Educación bonaerense.
Ángel "Pachu" Pereyra, un ex empleado del Renaper, candidato del peronismo y estudiante de la misma universidad también aparece en la investigación junto a Melisa Escandar, empleada de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.
Otros de los teléfonos que fueron detectados con llamados realizados a los involucrados directamente en los actos de vandalismo corresponden a Hugo Escobar, empleado de la Cámara de Diputados bonaerense, y una empleada de la UOM María Montenegro.
También el reporte ubicó al celular de Bruno Moro, un empleado de la Legislatura bonaerense en la zona, a un postulante de Fuerza Patria de Ituzaingó y empleado municipal, y a la ex diputada provincial Roxana López, ahora empleada del Ministerio de Salud bonaerense.