El Gobierno presentó el nuevo Código Penal en Casa Rosada que, según la mirada oficial, busca terminar la doctrina "zaffaronista" donde el victimario "se convertía en víctima según los ojos de la ley", garantizar el "orden" y la justicia para las víctimas. En los hechos, la proyectada ley agrava todas las penas desde los hurtos hasta los abusos sexuales y los homicidios e instituye un cumplimiento "efectivo" de las mismas para terminar con el denominado fenómeno "la puerta giratoria" que beneficia a los delincuentes. También se analiza disponer como imprescriptibles los delitos de corrupción y crímenes contra menores, por caso.

El actual proyecto, en el que intervino el ministerio de Justicia a cargo de Mariano Cuneo Libarona, está compuesto de 912 artículos pero hoy está sujeto a revisión por parte del Ejecutivo. Un tema importante es que no incluye la baja en la edad de imputabilidad a 13 años, , que se incluiría en una nueva ley de minoridad. Sí prevé incorporar las nuevas leyes aprobadas por el Congreso, como la ley de Reiterancia ( N° 27.785) y la ley Antimafias (N° 27.786).

El nuevo Código, que aún no fue girado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados pese a la intención del oficialismo de tratarlo en sesiones extraordinarias, busca imponer lo que en el Gobierno afirman es la "doctrina Bullrich" (por la saliente ministra de Seguridad) que se traduce en "el que las hace, las paga". Cerca de la flamante senadora nacional aducen que el texto "lo tiene Legal y Técnica y lo está revisando".

Un capítulo polémico de la enmienda hace a la vigencia misma de los ilícitos cometidos. El proyecto establecerá que "los delitos graves pasarán a ser imprescriptibles" para evitar así el archivo de las causas contra presuntos homicidas contra menores y población vulnerable, violadores, traficantes de personas y drogas o explotadores sexuales. Pero también está en estudio prolongar la investigación para casos de corrupción, algo que "esta en estudio dado los fallos ´encontrados´a nivel de Cámara" existentes.

Así, se estipula que el plazo máximo de la prescripción de la acción penal aumenta en los delitos con pena de prisión de 12 a 15 años y el mínimo de a 4 años. Pero no se aplica la prescripción de la acción penal para delitos reprimidos con prisión perpetua y para los graves delitos como homicidio o abuso sexual.

Hay cambios respecto a la figura del "imputado colaborador", con beneficios como reducción de la pena pero incluso cuando los datos permitan un recupero económico, "podrá ser recompensado con un máximo del 20% de lo recuperado o su valor equivalente". La enmienda busca fomentar el arrepentimiento para esclarecer casos complejos.

También se endurecen las condiciones de la prisión domiciliaria, "con intervención de la víctima", y se imponen reglas de conducta no previstas en la actual legislación (arts. 12 y 13) y se imponen pautas estrictas que motivan su revocación (art.14).

Asimismo, se busca agravar los castigos para el falso delito. El artículo 439 dispone la pena de prisión de 2 a 6 años y de 12 a 50 días-multa "para quien denunciare falsamente un delito ante la autoridad"; en el Código vigente se prevé una pena de prisión de 2 meses a 1 año o multa de hasta $12.500.

De acuerdo a lo que se informó oficialmente, se endurecerán los delitos que atenten contra la vida, la libertad y la propiedad y los delincuentes serán juzgados por sus acciones y condenados "de forma proporcional al daño perpetrado contra la sociedad".

Al respecto, se prevé incorporar "el delito continuado (art. 97) que no estaba contemplado en la regulación actual y permita sumar penas a un malviviente que haya cometido distintos delitos: "unificación de condenas teniendo en cuenta el criterio de la suma aritmética (arts. 100/101) .

En la conferencia de prensa celebrada el lunes en Casa Rosada, Patricia Bullrich destacó que "se incorpora la figura de conducción imprudente -reclamo histórico de Madres del Dolor- para castigar a quienes protagonizan accidentes de tránsito, el abuso de armas -ya no será beneficiado el delincuente que actúe con armas de juguete, por caso- y el concepto de legítima defensa, donde “la presunción va a estar siempre a favor de quién se defiende”.

Asimismo, la funcionaria indicó que “las víctimas van a tener una posibilidad de intervenir en todo momento” en el proceso judicial y que, como consecuencia del nuevo Código, “el 82% de los delitos van a ser con prisión efectiva”. Remarcó incluso que “está comprobado que los países que tienen penas fuertes bajan los delitos”.

También la reforma prevé un castigo mayor para aquellos políticos que delinquen en la función pública porque su condena contemplará la pérdida de su jubilación de privilegio. Por ejemplo, si un funcionario recibe una condena por corrupción como la que recibió el exministro Julio De Vido o la ex presidenta Cristina Kirchner no podrá percibir su pensión específica.

Respecto a la limitación de las excarcelaciones, en el Gobierno explican que con el sistema actual, cuando la pena es menor a 3 años, el autor puede ser beneficiado con la ejecución condicional y no cumplirla efectivamente. Pero la enmienda buscará que los castigos tengan un cumplimiento efectivo de los condenados. A modo de ejemplo, explican en Seguridad, si se aplicara el nuevo Código Penal, crímenes como el de Mariano Barbieri o el de Morena Domínguez, ambos ocurridos en el año 2023, "no tendrían lugar en el futuro, porque sus asesinos tenían antecedentes y habrían estado tras las rejas".

Frente a las críticas opositoras y la posibilidad que se judicialicen algunos apartados del nuevo Código, en el oficialismo insisten en que "endurecer las penas contra los delincuentes es a la seguridad lo que a la economía dejar de emitir para cubrir el déficit" en pos del supuesto orden que buscan imprimirle a la Nación.