Pese a la pericia específica ordenada por el fiscal federal Franco Picardi para recuperar todo aquello que Diego Spagnuolo borró del teléfono celular que entregó a la Justicia, el trabajo arrojó un resultado negativo, según confirmaron fuentes judiciales a Clarín. La sospecha que motivó esta medida es la posible manipulación ejercida por el ex titular de la ANDIS sobre el dispositivo en el marco de la causa por presuntos hechos de corrupción. Un área especializada en Crimen Organizado de la Policía Federal fue la responsable de realizar la tarea, que no arrojó resultados positivos.
Según confirmaron fuentes judiciales a este diario, “no fue posible recuperar aquello que se borró del celular”.
Además, se había requerido a la compañía de celular que asignó la línea a Spagnuolo que provea un SIM con el mismo número para "introducirlo en el dispositivo y así ver si se puede acceder a la nube donde podría haber información aún almacenada pese al borrado manual". Pero pese a los intentos y al trabajo realizado, según constató Clarín, no fue posible dar con aquella información que Spagnuolo borró de forma manual del celular antes de entregarlo a la justicia federal.
El pedido del fiscal
A lo largo de uno de los últimos dictámenes que constan en el expediente y al que accedió este medio, el fiscal había considerado que “resulta menester destacar que la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) elaboró un informe técnico sobre el teléfono celular marca Apple, modelo iPhone 16 Pro Max, que fuera secuestrado oportunamente a Spagnuolo”. Se detalló que del análisis del mismo se desprende -junto a las informaciones recabadas por la fiscalía- que “Spagnuolo utilizó otro teléfono personal hasta el 21 de agosto, fecha en la que vinculó su línea al iPhone 16 Pro Max que le fue secuestrado en el registro domiciliario que se realizó en su domicilio de la localidad de Pilar”.
Como contó Clarín el documento inicial de los peritos, que ingresó a la fiscalía, sostuvo que hubo información que Spagnuolo borró de su celular. La sospecha del Ministerio Público Fiscal radica en que el ex funcionario "podría estar resguardando información y/o dispositivos que la contienen, los que resultan de interés para el avance de la pesquisa”.
La extracción forense que realizó la DATIP se encuentra conservada en un disco que se entregó a la fiscalía. La observación inicial es que había "información borrada". Ese mismo dato fue acompañado de una explicación técnica: no hay detalle si eso refiere a videos, chats, mensajes. Por otro lado, fuentes especializadas en el trabajo indicaron que "no hay tecnología que determine qué se borró".
Tanto el disco como la información del teléfono de Spagnuolo cargada en la nube -un almacenamiento virtual-, fue entregado al fiscal, que por ese motivo ordenó a un área especializada en Crimen Organizado de la Policía Federal que lleve a cabo una pericia específica, que no logró hasta ahora resultados positivos.
Las idas y vueltas del teléfono
En su momento, el celular de Spagnuolo fue calificado por los investigadores judiciales como un "teléfono caliente", es decir que estaba funcionando cuando fue sometido a la extracción forense de su contenido. Aquello con lo que cuenta el fiscal es una copia espejo de todo el contenido del dispositivo electrónico marca Iphone 16, uno que adquirió cuando los allanamientos iniciaron y donde volcó información seleccionada.
Tras veinte días hábiles de secreto de sumario, la Fiscalía amplió el objeto procesal del caso. Según el dictamen se determinó que la plataforma fáctica de la causa, por el momento, “se circunscribe a la investigación de posibles maniobras de corrupción pública desplegadas en el seno de la Agencia Nacional de Discapacidad desde diciembre del 2023 a agosto del 2025”. En esta ocasión fijaron una ventana temporal: la gestión del presidente Javier Milei.
Asimismo, dijo en el dictamen el fiscal Picardi que se concentra en la “determinación de las características” de la maniobra. Esto es: “el conocimiento respecto de su entramado y la identificación de sus responsables”.
En efecto, el representante del Ministerio Público Fiscal expresó que “estos sucesos habrían ocasionado un perjuicio patrimonial al Estado Nacional, y en particular, a los destinatarios de las políticas públicas de discapacidad”.
Al respecto, parte de dicho esquema, estaría dado por el rol que le cupo a Droguería Suizos Argentina SA, pero la investigación ya no apunta únicamente a la compañía de la familia Kovalivker, sino que habla de “otras droguerías” que habrían participado “en la recaudación o erogación de pagos indebidos, destinados a funcionarios/as públicos/as del Gobierno Nacional”.