La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este viernes, por resultar inadmisible, el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa del candidato a diputado nacional de Fuerza Patria Juan Grabois solicitando la nulidad de su detención por la toma violenta del Instituto Perón. Se trata de una de las 17 denuncias penales que tuvo en estos últimos años.
En la causa del Instituto Perón, es el cuarto rechazo a la nulidad intentada por el dirigente K ya que su pedido había sido rechazado por el juez de instrucción Sebastián Ramos, la Cámara Federal de Apelaciones y dos veces por la Cámara de Casación Federal.
En esta oportunidad la Cámara de Casación Federal expresó que no hubo arbitrariedad ni defectos en las resoluciones anteriores en esta causa iniciada hace cuatro meses atrás, informaron a Clarín fuentes judiciales.
Las fuentes consultadas entienden que con este rechazo el juez se encuentra habilitado para avanzar con la pericia al teléfono del candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, aunque Grabois puede presentar un recurso de queja para ir a la Corte y seguir dilatando el trámite apostando a tener inmunidad parlamentaria cuando sea electo diputado nacional el 26 de octubre.
Opositores a Grabois se quejan porque reclamó que el diputado de la Libertad Avanza José Luis Espert se presentara ante la justicia por el caso Machado mientras él sigue intentando paralizar la causa de la toma del Perón.
Mientras la querella que encabeza la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, pedirá la apertura de celular para determinar si Grabois, como dice actuó como abogado, o instigó a la toma violenta.
Grabois acumuló en los últimos tres años 17 denuncias, además de la la causa por la toma violenta del Instituto Perón donde resiste a que le abran el celular y en la mayoría logró zafar, según informaron fuentes judiciales. La mayoría de causas abiertas contra el dirigente K fueron por usurpaciones famosas como una estancia en Entre Ríos (2020), terrenos en Chapadmalal (2023) y el Instituto Perón (2025), cortes de calle y amenazas, entre otras.
En el caso de las usurpaciones, desde el punto de vista político, se ve un modus operandi de apoyar las tomas para luego tratar de buscar de legalizarlas y así ganar apoyo dentro de su Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), coincidieron en contar opositores de Grabois.
Toma de una estancia en Entre Ríos en 2020
Una de las primeras tomas más resonantes fue en diciembre 2020 cuando el exministro de Agricultura de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere, denunció la usurpación de un campo familiar en la provincia de Entre Ríos y apuntó contra Grabois. "Un grupo armado ingresó por la fuerza y usurpó en Entre Ríos un campo propiedad de Las Margaritas SA en nombre de Grabois. Se denunció el hecho en la fiscalía de La Paz, a cargo del fiscal Dr. Oscar Sobko", que según fuentes judiciales aún sigue abierta pero el tema se mezcla también con una pelea por una herencia entre las familia Etchevehere.
La segunda tiene fecha de abril de 2022 ante la justicia federal porteña por una denuncia de Francisco Oneto, uno de los actuales abogados del presidente Javier Milei por "Entorpecimiento de Servicios Públicos, Reducción a la Servidumbre y Extorsión". Fue por el corte de la avenida 9 de Julio por 48 horas.
Unos meses más tarde, recibió otra denuncia por abandono de personas y asociación ilícita, junto a Cristina Kirchner y otros dirigentes K.
Luego el entonces diputado nacional de Juntos por el Cambio Alberto Asseff denunció a Grabois, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y amigo del fallecido Papa Francisco, por la "presunta comisión de los delitos de amenazas, intimidación pública, apología y atentado al orden constitucional",
Fue por sus dichos en un acto el 20 de julio en Puente Pueyrredón, donde dijo que los movimientos populares “estaban dispuestos a dejar su sangre en la calle para que no siga habiendo hambre en la Argentina”.
"Estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo esta hambre en la Argentina", aseguró el dirigente del MTE al hacer su discurso en esa movilización, y luego añadió que "prefería decirlo ahora" y no cuando "comiencen los saqueos". Por esas declaraciones también fue denunciado por amenaza de rebelión y sumó cinco denuncias más por el mismo hecho. Al año siguiente, Rafecas lo sobreseyó y señaló que "el sentido contextualizado de sus palabras, no fue otro que el de una protesta social, una prédica ideológica y un discurso político".
En mayo de 2023, Jimena Castiñeira Arce denunció a Grabois por “entorpecimiento de servicios públicos (art.194) - asociacion ilícita - intimidación publica”.
Toma de un campo en Mar del Plata
En marzo de 2023, el juez Ariel Lijo pidió a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) que remita el expediente y toda documentación vinculada a la entrega del campo de 140 hectáreas ubicado en el kilómetro 553 de la ruta 11, en Chapadmalal, a militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Grabois para crear “una granja productiva”. Lo hizo luego de aceptar la denuncia del intendente de Mar del Plata Guillermo Montenegro que impulsó la acción penal por “abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”. No se hizo por usurpación porque a las 24 horas ante la repercusión que el caso había tenido en los medios se retiraron. Pero la AABE anuló la entrega de los terrenos al MTE y la causa por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario fue archivada.
Toma de un terreno en Los Hornos
En 2024, la senadora de la provincia de Buenos Aires Florencia Arietto denunció al entonces presidente Alberto Fernández, a Grabois y al juez K Alejo Ramos Padilla por "la venta irregular, a precio vil y sin publicidad de los terrenos que eran de la Nación” por “utilizar fondos destinados a la urbanización de la toma de Los Hornos con otros fines”. La senadora afirmaba que había habido una malversación de dinero público del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), entre otros delitos, para comprar 100 hectáreas de terrenos.
Una parte de la causa quedó en manos del juez Sebastián Casanello que tuvo una declaración de incompetencia parcial por la usurpación en provincia y el supuesto prevaricato del juez federal K Alejo Ramos Padilla. Terminó radicada en el juzgado federal 3 de La Plata. En el juzgado a cargo de Casanello quedó un hecho vinculado a la rúbrica de una boleto de compraventa con autoridades de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). La investigación fue delegada en la fiscalía que a comienzos de este año solicitó el archivo de la causa por atipicidad.
Consultada por Clarín, la senadora de La Libertad Avanza sostuvo que el archivo “es un escándalo”, que presentó como prueba el boleto de compra-venta de los terrenos, entre otros elementos probatorios, y que en todo el proceso no se le permitió ser querellante para impulsar la causa.
A principios de 2024, el fiscal Carlos Stornelli imputó a Grabois; a la militante de su espacio Ramona Fernanda Miño, que estuvo al frente de la Secretaría de Integración Socio Urbana; y a Jorge Miguel Tanus, que fue presidente del BICE Fideicomisos durante la gestión de Alberto Fernández, entre otros. Era por la denuncia que se impulsó tras la auditoría ordenada por el gobierno de Javier Milei que reportó irregularidades en el manejo de fondos millonarios que engrosaron el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) durante el período 2020-2023. Denunciaban que el FISU sólo construyó cuatrocientas de las 6.517 obras que el estado le asignó para urbanizar villas de diferentes localidades argentinas.
Pero en julio de 2025 fueron sobreseídos por el juez federal Ariel Lijo. El fiscal Franco Picardi no apeló y el fallo quedó firme.
Por otra parte, Grabois también tuvo otra denuncia por “intimidacion publica y infracción art. 213 bis del c.p. - otros atentados contra el orden publico denunciante: Castiñeira Arce, Jimena y otro”
En noviembre de 2024, el abogado y presidente de la Asociación Civil “Queremos Luján”, Jeremías Rodríguez, denunció ante la Justicia que “desde febrero del 2020 a diciembre del 2023 funcionó una organización paraestatal paralela al estado, cuyo líder era Juan Grabois que nos robó a todos los argentinos un monto sideral que no se puede calcular todavía”. Rodríguez explicó a una radio de Luján que “lo que hace Grabois es tomar una ley que funcionaba bien, que es la 27.453, la de regulación dominial de integración socio urbana, es decir, la urbanización de las villas. Él toma esa ley, que fue creada en el 2018 y la da vuelta. En lugar de regularizar los barrios populares, él crea nuevos barrios populares”.
"Había una utilización política porque traían gente de afuera y les daban el lote y después, al momento de votar, la gente referencia que Grabois les dio el lote” finalizó el abogado.