Luego de que la Fundación Apolo denunció este viernes a la fiscal federal de Lomas de Zamora por no haber hecho un requerimiento de instrucción tras 72 horas de la acusación de la DGI contra la financiera Sur Finanzas de Maximiliano Vallejos -la firma vinculada al presidente de la AFA, “Chiqui” Tapia-, Cecilia Incardona recibió la documentación respaldatoria del organismo fiscal e hizo un requerimiento de instrucción.
Tras recibir esos documentos de la DGI, la fiscal mandó el caso a la Cámara Federal de La Plata y fue sorteado el juez de Lomas de Zamora Federico Villena para investigar el caso, informaron a Clarín fuentes judiciales.
Sin embargo, la fiscal Incardona pidió al juez que pase la causa al otro juez federal de Lomas de Zamora porque había otra causa preexistente contra la persona jurídica Club Atlético Banfield Asociación Civil y las personas físicas Oscar Tucker, Eduardo Spinosa y Federico Spinosa, a quienes se les dirige la imputación en esta causa, se encuentran también investigados en la causa FLP 29107/2025.
Esa causa se tramita ante la Secretaría 11 del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora por el presunto delito de lavado de activos, señaló Incardona.
La fiscal explicó que, por ejemplo, los Espinosa integraron al club Banfield un préstamo celebrado con la firma “Auriga League S.A.” por una suma total de EUR 2.000.000, "sin devolver la suma en cuestión".
Vencidos los plazos contractuales sin cumplir el pago, las partes suscribieron dos anexos al contrato. Mediante el primero, se habría establecido un mecanismo de repago de la obligación primaria vinculado a la transferencia del jugador del Club Atlético Banfield, Agustín Urzi, "otorgándole a Auriga, el derecho al 30% del precio neto de la transferencia del jugador, desde esa entidad deportiva a Juarez Fútbol Club" de México.
Luego se utilizó "los servicios de Sur Finanzas PSP S.A. para colocar esas ganancias ilícitas obtenidas, valiéndose tanto de la figura del fideicomiso como del proveedor de servicios de pagos", agregó la fiscal.
En este sentido, "dentro de las personas jurídicas que realizaron transferencias a la billetera virtual de Sur Finanzas PSP, no puede descartarse la existencia de una verdadera ingeniería financiera orquestada para procurar el blanqueo de capitales de origen ilícito, vinculadas a maniobras como las antes descriptas".
Con esos y otros argumentos en su requerimiento, la fiscal pidió una serie de allanamientos, un embargo preventivo de 4 mil mil millones de pesos y el congelamiento de una serie de cuentas bancarias.
La fiscal sostuvo que Maximiliano Vallejo, su madre, Oscar Tucker, Eduardo Spinosa y Federico Spinosa, a través del Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, Club Atlético Banfield Asociación Civil y Banfileños S.A., entre otros, pusieron en circulación en el mercado 818 mil millones de pesos para lavarlos.
En su dictamen, la fiscal Incardona también pidió investigar a una serie de asociaciones civiles y fideicomisos ligados a los clubes San Lorenzo, Racing, Temperley, Excursionistas, Los Andes, Defensores de Glew y Deportivo Morón, informaron fuentes judiciales a Clarín.
La fisca imputó a Graciela Beatriz Vallejo, Maximiliano Ariel Vallejo, DNI 31.781.686 y María Fernanda Sena Argis por ser autoridades de Sur Finanzas PSP S.A. y contra la misma financiera.
En las imputaciones, incluyó a Abo Inversiones S.A., RONCALOM S.A., Sur Valores S.A., Velle Business S.A., ARS CAMBIOS S.A.S., Fenus S.A.S.,CLUSTER PALACE BEACH S.A., Sur Crypto S.A., SF INVERSIONES, VALLE BUSINESS S.A., Roma Inversiones, Sur Pagos y Sur Finanzas Group S.A. .
igual modo, imputó a Eduardo y Federico Spinosa, Ignacio Javier Uzquiza y Oscar Fabian Tucker, quienes fueran autoridades del Club Atlético Banfield y contra Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña y Banfileños S.A.
finalmente, aparecen como investigación también el Club Atlético San Lorenzo de Almagro, Racing Club, Club Atlético Temperley, Club Atlético Los Andes, Club Atlético Excursionistas, Club Deportivo Morón Asociación y Club Atlético Defensores de Glew.
La denuncia contra la fiscal de la fundación Apolo
La presentación de la Fundación Apolo contra Incardona, firmada por el legislador porteño Yamil Santoro, sostiene que la funcionaria "demoró irregularmente la intervención judicial en la causa por lavado contra Sur Finanzas PSP S.A".
Las fuentes explicaron que la fiscal recibió el martes la denuncia de la DGI "pelada", es decir sin los informes financieros y certificaciones que avalaran las maniobras de evasión fiscal y lavado de dinero entre los 818 mil millones de pesos que movieron las billeteras electrónicas de Sur Finanzas. El mismo martes, Incardona solicitó esa documentación respaldatoria al organismo fiscal.
En paralelo, la ONG también radicó hoy una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal que dirige Eduardo Casal. Las fuentes judiciales adelantaron que la fiscal "se defenderá tanto ante la Justicia federal como ante el Procurador porque está convencida que actuó a derecho".
Lo cierto que está demora sea quien sea el causante le quita efectividad a los allanamientos y congelamiento de activos que había pedido la DGI y ahora viene el fin de semana.
La denuncia penal es por presunto mal desempeño y actuaciones que, según sostiene el escrito firmado por el director de la ONG, Yamil Santoro, "habrían otorgado tiempo y ventaja a Sur Finanzas PSP S.A., la financiera señalada en investigaciones periodísticas por maniobras de lavado y con vínculos con el entorno de Claudio 'Chiqui' Tapia".
La presentación afirma que, tras recibir una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI), la fiscal habría iniciado "una investigación preliminar sin comunicar de manera inmediata la causa al juez competente, pese a que la normativa lo obliga".
"Esa demora habría afectado medidas urgentes como allanamientos y congelamiento de cuentas, generando —según el escrito— un riesgo concreto de destrucción u ocultamiento de pruebas. Para Apolo, ese apartamiento del procedimiento constituye una violación grave de los principios de legalidad, objetividad y debido proceso", agregó.
Las fuentes cercanas a la fiscal subrayaron que "hay otras dos causas en que se investigan a Finanzas Sur desde hace dos años. Una en el fuero Penal Económico y otra que tiene la jueza Eugenia Capuchetti".
Mientras esas fuentes vinculan la denuncia con la pelea que tiene con el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, desde la ONG sostienen que Incardona tendría "vínculos con la AFA". Villena está de turno esta semana en Lomas de Zamora.
El documento remarca que la conducta denunciada podría encuadrar en los artículos 248 y 277 del Código Penal, por abuso de autoridad y encubrimiento. Además, solicita la declaración testimonial de la funcionaria de la DGI que llevó adelante la denuncia original y requiere que se aporten las actuaciones preliminares realizadas en la Fiscalía Federal N.° 2 sobre Sur Finanzas PSP S.A., firma señalada en múltiples medios por presunta evasión fiscal agravada, lavado de activos y vínculos empresariales opacos.
En declaraciones periodísticas, Yamil Santoro sostuvo que "las medidas preliminares no son indispensables para elevar la denuncia al juzgado y menos en una denuncia proveniente de un organismo público".
"Para peor, el plazo y las medidas no guardan relación lógica con la información faltante. Podría haber oficial a la UIF y al Central, ya que la denuncia es sobre un delito económico, o haber intimado con urgencia a la AFIP para que lo adjunte", agregó el legislador Santoro.
La fiscal "tuvo la denuncia 7 días, 3 de ellos desde que se filtró la causa en los medios y recién lo eleva al juez cuando ingresa nuestra denuncia y la nota de Clarín", agregó Yamil Santoro.
En simultáneo, Apolo también presentó hoy una actuación ante la Procuración General para que se evalúe la responsabilidad disciplinaria de Incardona por irregularidades en otras causas, reforzando el cuadro de cuestionamientos sobre su desempeño.
Según la Fundación, "la velocidad en causas de lavado es determinante para resguardar pruebas y evitar maniobras de ocultamiento», por lo que cualquier desviación del procedimiento «afecta directamente la transparencia institucional y el funcionamiento del sistema penal".